A LOS QUE BENEFICIA UN PAÍS QUE QUIEBRA

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Hay una pregunta que el discurso de la seguridad mantiene fuera de escena: ¿qué ocurre con la propiedad, el trabajo y la autonomía de una sociedad cuando vivir legalmente se vuelve cada vez más difícil?

Desde el golpe de la llamada "pandemia", Ecuador ha atravesado una acumulación de fracturas económicas y sociales.

 En 2024, el Banco Central registró una nueva contracción económica, en un contexto marcado por la inseguridad y la crisis energética. 

Sobre esa fragilidad se instala la reiteración de estados de excepción y restricciones de circulación. La excepción adquiere una inquietante regularidad: la ciudadanía aprende a organizar su vida alrededor de decisiones extraordinarias que vuelven una y otra vez. Este noviembre, el Gobierno dispuso otro toque de queda en cinco provincias.

Pero esta historia también tiene una marca: Plan Fénix.

#DanielNoboa lo presentó durante la campaña de 2023 mediante un video que ofrecía una central de inteligencia, equipamiento policial, armas, drones y vehículos blindados. Sería inexacto afirmar que nunca se anunció nada. Lo que debe discutirse es si una colección de ofrecimientos, acompañada de una poderosa puesta en escena, equivalía a una estrategia cuya coherencia y resultados la sociedad pudiera examinar

En diciembre de 2023, Noboa defendió que los operativos y las detenciones no podían anunciarse anticipadamente porque podían producirse alertas y fugas. Es un argumento razonable para proteger una operación. Utilizarlo para responder al reclamo de conocer una política pública introduce una confusión conveniente entre dos niveles distintos de responsabilidad.

Nadie necesita conocer la hora de un allanamiento, la identidad de un agente encubierto o la ubicación de un informante. La comunidad tiene derecho a conocer el concepto estratégico: qué causas se pretende modificar, cómo se coordinarán las instituciones, qué recursos se asignan, quién responde por su ejecución y con qué indicadores se distinguirá un avance de un fracaso.

Cuando el secreto adquiere una utilidad extraordinaria: permite invocar un plan cuyo contenido la ciudadanía difícilmente puede contrastar, atribuirle los éxitos y explicar los fracasos mediante circunstancias que también quedan fuera de su alcance. La sociedad debe confiar, pagar y obedecer; el poder conserva el privilegio de decidir qué puede saberse.

En julio de 2026, el Gobierno formalizó el Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029, con un documento público y objetivos expresos. También obliga a preguntar qué relación guarda con el Fénix anunciado desde 2023, qué evaluación se hizo de aquella promesa y quién responde por sus resultados. Una nueva formulación debe permitir examinar lo anterior, no sepultarlo bajo otro anuncio.

Porque mientras se renuevan los anuncios, la población sigue pagando los costos.

Cada restricción puede tener una justificación inmediata. Pero una política debe responder también por sus efectos acumulados. ¿Cuánto pierde quien depende de las últimas horas de venta? ¿Cuánto resiste un restaurante que paga alquiler, salarios y deudas mientras se reduce su actividad? ¿Quién contabiliza los empleos que desaparecen después del operativo y fuera del encuadre de las cámaras?

Un negocio puede cerrar temprano; sus obligaciones siguen corriendo toda la noche.

Ahí aparece una desigualdad decisiva. El comerciante necesita que su actividad produzca utilidades para sobrevivir. Una empresa utilizada para lavar dinero puede responder a otra lógica: justificar ingresos, introducir recursos ilícitos y adquirir apariencia de normalidad. En determinadas condiciones, puede soportar pérdidas que destruirían a su competidor legal.

Por eso, cuando la economía se asfixia, la pregunta por quién conserva liquidez tiene una dimensión política. Quien dispone de dinero puede comprar lo que otro necesita vender con urgencia: un local, una casa, un terreno, una empresa. La desesperación de uno se convierte en el descuento del otro.

Este mecanismo permite formular una hipótesis perturbadora: la inseguridad y ciertas respuestas estatales, cuando prolongan la asfixia económica sin desarticular las finanzas criminales, pueden facilitar una transferencia de patrimonio y de poder hacia quienes tienen recursos para aprovechar la crisis.

Demostrar que alguien diseñó deliberadamente ese resultado exigiría pruebas adicionales. Pero tampoco hace falta imaginar una dirección única que lo controle todo. Pueden converger la corrupción, la incompetencia, los intereses económicos y el oportunismo criminal. Una política puede fracasar para la sociedad y resultar muy rentable para determinados actores.

La dolarización merece ser examinada dentro de este cuadro. El dólar sirve a la actividad legítima y también resulta útil para quienes buscan integrar capitales ilícitos en circuitos legales. Combinado con controles débiles y estructuras permeables a la corrupción, ese entorno plantea riesgos que merecen escrutinio.

Afirmar que la dolarización fue instaurada para favorecer al narcotráfico convertiría una sospecha histórica en una certeza que no tenemos. La pregunta defendible es qué intereses han aprovechado después ese sistema y qué decisiones han permitido que lo hagan. La propia UAFE identificó un riesgo de lavado de activos medio alto y señaló al narcotráfico, la corrupción, la evasión fiscal y la minería ilegal entre las principales amenazas. (uafe.gob.ec)

También debemos mirar a la persona a quien se le van cerrando las opciones legales de subsistencia.

La pobreza no convierte automáticamente a nadie en delincuente. Pero la pérdida de ingresos, el endeudamiento y el abandono pueden ampliar el margen de reclutamiento de las economías criminales. Cuando una organización ofrece dinero, protección o una salida inmediata donde las instituciones solo ofrecen espera, encuentra una vulnerabilidad que puede explotar.

Una política de seguridad que debilita la subsistencia legal sin cerrar las fuentes de financiamiento criminal corre el riesgo de alimentar las condiciones de reproducción de aquello que anuncia combatir.

Lo macabro está en esa posibilidad: que la población termine financiando con su empobrecimiento una estrategia que deja intacta la capacidad económica de sus depredadores. Que el ciudadano pierda ventas, empleo, patrimonio y libertad de movimiento, mientras los capitales capaces de absorber esas pérdidas amplían su dominio.

Y que, además, se le pida celebrar esa pérdida como prueba de que finalmente alguien está poniendo orden.

Por eso debemos exigir algo más que nombres de planes, imágenes de fuerza y cifras de detenciones. Necesitamos saber qué patrimonios ilícitos se identifican, qué redes de protección se desmontan, qué beneficiarios reales se investigan y qué garantías existen para que trabajar legalmente siga siendo viable.

Una sociedad agotada tiene menos tiempo y menos fuerzas para analizar. El miedo estrecha la conversación pública y vuelve seductora cualquier promesa de orden. Precisamente por eso, el poder debe rendir más cuentas cuando pide facultades extraordinarias.

Sin duda es tan claro a quiénes beneficia un país que quiebra. No solo es seguir el dinero, observar quién compra durante la ruina y examinar quién acumula poder mientras los demás pierden capacidad de sostenerse, sino quiénes, con argumentos fachada, son los que actúan en el proceso y muchas veces, unos, de como rostros visibles. 

No es un accidente que queden ciudadanos arruinados, negocios absorbidos y capitales oscuros fortalecidos, ese aparente fracaso se ha convertido en una forma de gobierno y en una oportunidad de negocios.

El grotesco Fénix prometía un renacimiento. La pregunta es quién puede renacer de estas cenizas y quién está siendo obligado a convertirse en ellas.